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España va a exigir que los centros de datos que se instalen a partir de ahora respalden al menos el 80% de su consumo eléctrico con energía renovable generada esa misma hora. La medida, que se ha tramitado por la vía de urgencia y estuvo en audiencia pública hasta el 4 de septiembre, es de las más exigentes de Europa. Pero tiene un agujero del que nadie habla: el agua. La nueva ley española para los centros de datos regula la electricidad con números duros y deja el consumo de agua en una etiqueta de eficiencia que no pone límite a nada.
Qué ha pasado: un real decreto en tramitación urgente
El 25 de agosto, el Consejo de Ministros aprobó iniciar la tramitación administrativa urgente de un proyecto de real decreto que regula los requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental, resiliencia y soberanía digital de los centros de datos. Lo firman tres ministerios: Transición Ecológica, Economía y Transformación Digital. La norma cumple un encargo del Real Decreto-ley 7/2026, aprobado en marzo dentro del plan de respuesta a la crisis de Oriente Medio, y nace de estudiar lo que ya salió mal en Irlanda, Singapur, Países Bajos y Estados Unidos.
La nota oficial del Ministerio para la Transición Ecológica lo resume así: España está en disposición de escoger los mejores proyectos, los que aporten más con el menor impacto. Y el proyecto de real decreto se aplica a todas las instalaciones de más de 1 megavatio (MW) de potencia, que son las que tienen incidencia real sobre el territorio, el agua y el medio ambiente.
Los tres requisitos que no admiten trampa
La parte eléctrica es la que ha copado todos los titulares, y con razón. Son tres exigencias encadenadas:
Primero, el 80% renovable. Hasta que la generación renovable supere el 90% del mix eléctrico español, los centros de datos deberán cubrir al menos el 80% de su consumo con renovables. Es el mismo modelo que ya se aplica al hidrógeno verde y a los combustibles renovables de origen no biológico.
Segundo, la adicionalidad. No vale con comprar renovable que ya existía. Por cada megavatio que consuma el centro, debe haberse instalado un megavatio nuevo de generación renovable en los 18 meses anteriores a su puesta en marcha, mediante autoconsumo o contratos de compraventa de energía a largo plazo (los conocidos PPA). La idea es que estos gigantes no se coman la energía limpia que ya hay y se la quiten a los demás.
Tercero, la correlación hora a hora. La exigencia se acredita cada hora de funcionamiento: en cada hora, al menos el 80% de la electricidad consumida debe proceder de generación renovable que esté produciendo en ese mismo momento. Nada de compensar a final de año. Si a las tres de la tarde no hay sol ni viento suficiente, el centro no puede enchufarse a renovables de otro día.
Para que se entienda: un centro de datos no puede decir «este año he comprado tanta renovable como he consumido». La ley le obliga a que, en cada momento, haya renovable real generándose para él.
Y si no cumplen, la norma tiene dientes: recargos progresivos sobre los peajes de acceso y, en los casos más graves y reiterados, la pérdida del derecho de acceso y conexión a la red eléctrica. Así lo recogió Europa Press al desvelar el borrador, y lo confirma Expansión.
Por qué lo hacen: la factura de la luz de todos
El Gobierno no regula por estética. El problema de fondo es que la demanda de electricidad va a dispararse y, si la generación renovable no crece a la par, el hueco lo cubriría el gas natural, con dos consecuencias: más emisiones y una subida de los costes eléctricos para todos los consumidores, como ya está ocurriendo en Estados Unidos e Irlanda.
Los números dan vértigo. La estrategia de IA del Gobierno calcula unos 2,5 GW de potencia de cómputo para 2030, que se traducen en 3,5-4 GW de demanda eléctrica. Pero desde 2021 se han concedido más de 12 GW de derechos de acceso y conexión a la red, entre transporte y distribución. Es decir, las peticiones multiplican por tres lo previsto. Como explica Conecta Industria, la red eléctrica es un recurso limitado y el desarrollo de estas infraestructuras no debería comprometer la capacidad que necesitan la industria, el transporte o los hogares.
La Comisión Europea calcula que los centros de datos podrían alcanzar el 3,21% del consumo eléctrico de la UE en 2030, según recoge elEconomista. No parece mucho, pero es un consumo plano, constante las 24 horas, que no se puede parar cuando el sistema lo necesita.
Soberanía digital: los datos no salen de la UE
El decreto también ata la soberanía digital, la batalla que ya contamos cuando Andreas Prins habló de los hiperescaladores de Estados Unidos. Las exigencias: el operador del centro debe estar establecido en la Unión Europea; los datos, metadatos y registros asociados a la operación deben permanecer en territorio comunitario; y el centro debe poder controlar el acceso de terceros países. Los centros que alojen datos de administraciones públicas o relacionados con la seguridad nacional deberán comprometerse formalmente a que esos datos no salgan de la UE. Los equipos, además, caen bajo la regulación europea de ciberseguridad.
Lo interesante es que la norma une dos debates que hasta ahora iban por separado: quién construye la infraestructura digital de la que depende la economía europea y cómo se alimenta esa infraestructura físicamente.
El agua: la asignatura que se quedó a medias
Aquí está el agujero. Los centros de datos consumen cantidades enormes de agua, sobre todo para refrigerar los servidores en las olas de calor. Y la ley española lo reconoce: exige cumplir la categoría A de la futura etiqueta europea de eficiencia, tanto energética como hídrica. El indicador de agua se llama WUE y la categoría A significa consumir como mucho 0,1 litros por kilovatio-hora, según detalla iAgua.
Pero un ratio de eficiencia no es un límite de consumo. Un centro puede ser eficientísimo por kilovatio y, aun así, beberse millones de litros al año si es gigante. La norma no fija tope total de consumo por cuenca, no impone el uso de agua regenerada y no condiciona el origen del recurso. De hecho, el propio análisis técnico del borrador reconoce que no se fijan valores propios de consumo de agua más allá de la etiqueta europea, que además todavía no está en vigor: se espera para agosto de 2027, y hasta entonces se aplican los umbrales del borrador comunitario.
Y esto no es un debate teórico. En Aragón, la región que más centros de datos concentra, Amazon pidió en marzo de 2025 un 48% más de agua para sus instalaciones, alegando que la refrigeración no le bastaba para las olas de calor, según El País. En una comunidad con sequías recurrentes, donde la plataforma «No Centros de Datos Aragón» ya protesta con el lema «con el dato no me hidrato». RTVE lo tituló hace un año: una «nube sin agua».
La ministra de Transición Ecológica defiende que el decreto busca que los centros de datos sean «los mejores del planeta» en resiliencia hídrica y consumo energético, como recoge El Periódico de la Energía. Pero eficiencia y escasez son lógicas distintas: una te dice «gasta lo mínimo por unidad de trabajo»; la otra, «esto no puede beber más de X litros en esta cuenca». El decreto ha regulado la primera y ha dejado la segunda sin tocar.
Plazos y obligaciones: quién tiene que hacer qué
La norma no solo afecta a los centros futuros. Los proyectos que ya tienen permisos pero aún no están conectados tendrán que adaptarse: tres meses si están pendientes de un concurso de acceso, seis si tienen permisos en tramitación, con la opción de renunciar a los derechos de conexión sin ejecutar garantías si las nuevas exigencias hacen inviable el proyecto.
Además, todos los centros de más de 500 kW deberán presentar cada año, antes del 15 de mayo, un informe con su consumo de electricidad y agua, el tipo de refrigerante, el porcentaje de renovables y las medidas para reducir su impacto. Y los de más de 1 MW tendrán que estudiar el aprovechamiento del calor residual que generan los servidores para calentar viviendas o instalaciones cercanas: primero de forma voluntaria, y después obligatoria, con el mismo espíritu que ya aplican los países nórdicos.
Pero…
Primero, es un borrador. El texto ha estado en audiencia pública hasta el 4 de septiembre y el sector — asociaciones como SpainDC y Ametic, y las grandes tecnológicas con más de 67.000 millones de euros anunciados en inversión — va a presionar para suavizar sobre todo la adicionalidad. Una planta solar nueva tarda más de 18 meses en construirse, así que ese plazo, tal cual, obliga a firmar contratos antes incluso de tener la generación lista.
Segundo, el 80% se relaja en cuanto el mix supere el 90% de renovables: es una puerta de salida razonable, pero también el hueco por donde se colarán las excepciones.
Y tercero, el más silencioso: un decreto no construye red. La infraestructura de transporte eléctrico necesita años y miles de millones para conectar toda esa nueva generación. Si la red no llega, da igual lo ambicioso que sea el texto.
Qué significa para ti
Si tienes un negocio, este decreto te afecta de dos formas indirectas pero reales. La primera, en la factura: la norma existe precisamente para que la avalancha de centros de datos no acabe encendiendo centrales de gas y subiendo el precio de la luz que pagas tú. La segunda, en la tranquilidad: que tus datos y los de tus clientes permanezcan en territorio europeo y bajo control europeo deja de ser una promesa comercial y empieza a ser ley.
El agua queda pendiente, y es justo la parte que más nos toca en un país con sequías estructurales. Los vecinos de Zaragoza ya lo están diciendo: el problema de los centros de datos no es solo cuánta energía limpia consumen, sino cuánta agua le quitan al territorio. La ley ha dado un paso grande con la electricidad. Con el agua, se ha quedado a un paso de dar el que de verdad importa.